EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU

Más de 3.000 carnets falsos habrían sido expedidos a favor de brasileños

Unos 3.000 carnets falsos que fueron expedidos a favor de ciudadanos brasileños están en circulación en el departamento de Canindeyú. La irregularidad fue detectada por funcionarios de la oficina regional de la Dirección General de Migraciones (DGM) de Salto del Guairá.

Miembros de la comisión interinstitucional de Ypehû explican a los funcionarios regionales de la DGM de Salto del Guairá las irregularidades en perjuicio de extranjeros.

CURUGUATY (Pablo Medina, corresponsal). Funcionarios de la oficina regional de DGM, con sede en Salto del Guairá, a cargo del administrador Mario Lovera, constataron una grosera estafa cometida en perjuicio de ciudadanos brasileños por los anteriores responsables de la institución estatal. Según datos, los falsificadores recibían entre G. 3 a 5 millones por cada constancia migratoria entregada en la oficina regional.

Los funcionarios de la administración anterior entregaban contraseñas y recibos de dinero firmados por Fabio Arrúa, Víctor Peralta y Rosalino Andino, este último ex diputado liberal por el departamento de Canindeyú.

Los presuntos falsificadores ni siquiera fueron procesados por las graves irregularidades cometidas en perjuicio de los ciudadanos extranjeros y del Estado.

Entre los municipios donde se detectaron mayor cantidad de estafados figuran Nueva Esperanza, Katuete, Corpus Christi y Curuguaty.

Mario Lovera, funcionario

El actual responsable de la institución estatal refirió que los documentos apócrifos serán sacados de circulación. Anunció que los casos serán judicializados.

Entre otras irregularidades cometidas por los ex funcionarios de la DGM figuran la carencia de carnet de admisión permanente, de retorno y radicación a miles de extranjeros de la región.

Durante un reciente allanamiento de viviendas de presuntos falsificadores, representantes del Ministerio Público hallaron carnets de admisión permanente y temporario, además de otros documentos en blanco y con firma presuntamente apócrifa de ex directores de la institución estatal.

Varias instituciones públicas y privadas cooperan con la DGM a fin de establecer plazos a los ciudadanos extranjeros para la regularización de sus documentos migratorios.