Partidos deben definir qué sistema político-económico prefieren para el país

Lo ocurrido en San Pedro repite una vieja inconducta. La coacción, mediante cierres de rutas y otros actos de fuerza, lo impulsó a Duarte Frutos a entregar “subsidios” por G. 18.000 millones a sesameros apenas unos dos años atrás. El presidente Lugo, pese a los disimulos intentados, se ha ubicado en la misma línea de Duarte Frutos y es posible que lo haya hecho con mejor conocimiento de las cosas, pues al tiempo de la ayuda de aquel, él ejercía como obispo en San Pedro y ya tenía trato con José “Pakova” Ledesma, José Rodríguez y Elvio Benítez, los mismos líderes político-campesinos que aparecen como sus incondicionales en la actual tormenta desatada por la concesión del nuevo millonario subsidio.

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La codicia, antigua como la humanidad (Caín la estrenó), pronto dio lugar a otro mal, el soborno, y este a su vez a la coacción, el “chantaje”.

Lo ocurrido ahora en San Pedro repite la vieja inconducta. La coacción, mediante cierres de rutas y otros actos de fuerza, lo impulsó a Duarte Frutos a entregar “subsidios” por valor de G. 18.000 millones a los sesameros del departamento apenas unos dos años atrás. Esa vez, la “ayuda” provino de los supuestos “fondos sociales” de Itaipú, que a su turno también son y siguen siendo un elegante y sabroso soborno que el Brasil les hace a los gobernantes locales.

El presidente Lugo, pese a los disimulos intentados, se ha ubicado en la misma línea que Duarte Frutos, y es posible que lo haya hecho con mejor conocimiento de las cosas que su antecesor, pues al tiempo de la ayuda de aquel, él ejercía su ministerio episcopal en San Pedro y ya tenía trato con José “Pakova” Ledesma (actual gobernador departamental), José Rodríguez y Elvio Benítez, los mismos líderes político-campesinos de hoy, que aparecen como sus incondicionales en la actual tormenta desatada por la concesión del nuevo millonario subsidio a los sesameros.

Paso a paso, se han repetido los sucesos de 2007. El cierre de rutas, amenazas de invasión y exigencia de ayuda financiera, ahora con las excusas de la sequía y la consecuente baja cosecha y de la caída de los precios del sésamo por la crisis mundial.

En cuanto a la forma en que el Ejecutivo pretende ayudar a los sesameros de San Pedro, puede decirse que es peor que la del 2007. Allí el presidente Duarte Frutos usó “fondos para gastos sociales” de la Itaipú Binacional, de cuyo empleo –según él– no tenía que dar explicaciones a nadie porque era solo una especie de “plata dulce” caída del cielo de Itaipú. Ahora, en cambio, se usarán fondos directamente aportados por los contribuyentes o provenientes de créditos externos que, en definitiva, también serán pagados por los contribuyentes. Con este método se abre una enorme cadena de posibilidades. Cualquier sector social tendrá “derecho” a asumir inconductas similares. El cierre de rutas, hay que decirlo claramente, es un método de petición inadmisible. Es ilegal. Para comenzar, es una violación de la Constitución, ya que esta, si bien garantiza la libertad de manifestación, exige que esta sea pacífica y que no lesione el derecho al libre tránsito de los demás ni tampoco el orden público.

La descriminalización de la lucha social, pretendida por grupos políticos de izquierda como Tekojoja, está entrando de hecho en la vida del país. La ley a menudo no encuentra respaldo en el Ejecutivo y, últimamente, ni siquiera en el Ministerio Público y los jueces.

La negativa del vicepresidente Federico Franco a firmar el decreto que, al parecer, le habría dejado el presidente Lugo por razón de su viaje al remoto emirato de Qatar es expresión de la posibilidad de un quiebre de la “alianza” que ganó las elecciones el 20 de abril del año pasado. El verdadero fin de la “ayuda” a los sesameros de San Pedro ¿es la expresión de un sincero –aunque irregular– acto de ayuda, o es gesto que tiende a crear una clientela política favorable al sector de izquierda de tipo similar al que dirige el comandante Hugo Chávez en Venezuela? Lo que está ocurriendo da para pensar que desde el Ejecutivo se quiere ayudar a introducir la “lucha social” y el consecuente caos en el país y, en definitiva, reintroducir el más agudo dirigismo estatal en la economía y sus habituales acompañantes, el autoritarismo y la corrupción.

Es un momento difícil y acaso crítico el que está viviendo el Paraguay, y esto requiere que la ciudadanía en general y en particular los partidos políticos se definan claramente sobre cuál sistema político y económico es el que prefieren para el país.