Juez imputa a ex jefes policiales por enriquecimiento ilícito y lavado

El juez Miguel Tadeo Fernández ordenó el embargo de cuentas de policías retirados por valor de G. 20.000 millones. Fue luego de la imputación a policías, entre ellos al ex comandante Fidel Isasa y los ex subcomandantes Pedro Méndez Franco y Carlos Fidel Alsina, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Click para agrandar

La imputación fue firmada ayer a la tarde por los fiscales Arnaldo Giuzzio y René Fernández, quienes están asignados a la investigación de hechos de corrupción en la Policía.

En el marco “de las investigaciones realizadas en la causa “Miguel Angel Jara Adorno y otros sobre lesión de confianza y otros”, obra un informe remitido por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), en la que pone a conocimiento de esta fiscalía una nómina de los asociados de la Cooperativa 8 de Marzo, la que está integrada por varios socios con activos (ahorros a plazo fijo) superiores a los 50 millones de guaraníes”, dice la primera parte de la imputación de los fiscales.

Añade: “Estos socios serían en mayoría funcionarios públicos efectivos de la Policía Nacional y en su caso personas muy vinculadas a esta institución, motivo por el cual el agente fiscal Arnaldo Giuzzio, a cargo de la causa arriba citada, consideró pertinente solicitar al fiscal adjunto, Carlos Arregui Romero, la apertura de una nueva investigación sobre el movimiento económico de estos socios, razón por la cual por resolución de Fiscalía Adjunta, N° 16 de fecha 2 de abril de 2009, el fiscal adjunto resolvió designar al agente fiscal Arnaldo Giuzzio como encargado de la presente investigación y al agente fiscal René Fernández como coadyuvante de la misma”.

Explica que se comunicó el inicio de investigaciones al Juzgado Penal de Garantías bajo la carátula: “Personas innominadas s/ enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y el pasado viernes por orden del juez penal Pedro Darío Portillo, se ordenó el allanamiento y secuestro en la Cooperativa 8 de Marzo Ltda.

“Una vez en el lugar, esta representación pública solicitó al gerente de la institución mencionada, Gustavo Orihuela, los contratos relacionados a los certificados de depósito a plazo fijo, certificados de depósito a la vista y/o ficha de socios ahorristas, conforme a la lista obrante en el mandamiento. Dicha documentación original fue entregada en su totalidad a la comitiva fiscal y la misma fue derivada para su estudio en sede fiscal”, sigue diciendo la imputación.

Añade: “Tras un análisis preliminar de las documentaciones obtenidas del departamento de Ahorro de la cooperativa 8 de Marzo, se pudo constatar que la calidad de funcionarios públicos (efectivos al servicio de la Policía Nacional en actividad) de varios asociados, una vez examinados sus contratos de ahorro a plazo fijo, reflejaron sumas de dinero depositadas (montos que se encuentran entre los G. 1.250.000.000 y G. 200.000.000) que prima facie sobrepasarían notoriamente sus legítimas posibilidades económicas, en relación a sus ingresos oficiales”.

Los fiscales refieren que varias cuentas también fueron abiertas a nombre de familiares.

A pedido de los fiscales anticorrupción, el juez Fernández dispuso el embargo de las cuentas, que en su total alcanzan cerca de los US$ 4 millones, de acuerdo a la información proporcionada ayer a la tarde.