Intereses económicos dilatan el cambio de síndico general de quiebras interino

El martes de la semana pasada, la Corte Suprema informó del cambio del síndico general de quiebras interino, Amado Verón. Sin embargo, llamativamente, el funcionario continúa en el alto cargo, en el que fue designado en una amañada sesión. Verón cuenta con la protección de algunos ministros de la máxima instancia, ya que existen grandes intereses económicos en juego.

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Para “blanquear” el nombramiento irregular de Verón, en la plenaria del martes pasado, la Corte resolvió designar en reemplazo del camarista en la Sindicatura General de Quiebras, al economista Ernesto Ocampos. Este es hombre de confianza del ministro César Garay, quien hace rato busca transparentar el manejo en la sindicatura de quiebras.

Sin embargo, sugestivamente Ocampos aún no asumió el cargo, en el cual continúa Verón, gracias al “padrinazgo” de algunos ministros de la Corte. Se habla de que el mismo “trabaja” con el marido de la ministra Alicia Pucheta de Correa, sobre todo en lo que respecta a la venta privada de las numerosas propiedades de las entidades quebradas.

Este sería una de las principales causas para que no se ejecute la decisión adoptada en la plenaria del martes último. Verón además contaría con el respaldo de los ministros Raúl Torres Kirmser y Víctor Núñez, quienes junto a Pucheta apoyaron precisamente el nombramiento de Verón para interinar la sindicatura en sustitución de Ivonne Irigoitia, cuya designación había sido anulada, tras comprobarse un fraude en su selección ante el Consejo de la Magistratura.

Amado Verón, síndico general de quiebras interino. Todavía no se concretó su cambio, pese al anuncio de la Corte.

Al asumir la presidencia de la Corte, el ministro Antonio Fretes había afirmado que los ministros también pueden ser agentes de cambio. Precisamente este hecho habría motivado el cambio de Verón, ya que el mismo fue nombrado en una plenaria sin el quórum exigido por la ley que organiza la Corte.

El acta de la plenaria del 13 de marzo de 2007 es la prueba de la designación amañada de Verón. En aquella ocasión, el ministro Núñez (ver facsímil) se basó en la “ley de emergencia” (cuando la Corte funcionó con tres miembros) para alegar que se reunía el quórum para sesionar.

Ese 13 de marzo estuvieron Núñez, Torres Kirmser, Pucheta, Fretes y Wildo Rienzi (se jubiló). Es decir, cinco ministros. Sin embargo, la ley que organiza la Corte exige que estén seis de los nueve integrantes del alto tribunal. En consecuencia, no había quórum pero los ministros colorados sesionaron y designaron irregularmente a Verón.

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Facsímil del acta de la plenaria del 13 de marzo de 2007, que se llevó adelante sin el quórum legal. En esta ocasión se designó a Amado Verón como síndico general interino.

Estuvieron ausentes los liberales Sindulfo Blanco y Oscar Bajac; José Altamirano y César Garay.

La designación de Verón fue a todas luces irregular, porque se hizo en una plenaria sin quórum. En consecuencia, hasta las resoluciones firmadas por el camarista pueden ser atacadas de nulidad.

Todo lo que pueda desatar en ese sentido la permanencia de Verón en el Sindicatura General es responsabilidad de los ministros de la Corte. Si prometieron cambios para transparentar la gestión en la referida dependencia judicial y dispusieron el cambio de Verón, la deben ejecutar. Las promesas incumplidas son las que contribuyen a desacreditar al Poder Judicial.