Pilar Callizo, ex presidenta de la organización gubernamental Transparencia Paraguay (TP), reitera su defensa ante una acusación de fraude del BID, basada en la denuncia de un ex consultor de la ONG, y señala que es el resultado del combate a la mafia y la corrupción en el Paraguay.

Pilar Callizo, ex presidenta de Transparencia Paraguay.
Callizo sostuvo que los mafiosos y corruptos han reaccionado al más alto nivel por la sistemática lucha que ha realizado Transparencia Paraguay para combatirlos.
“Más allá de haberse atacado trayectorias limpias de personas decentes, el perjudicado es el bien jurídico que nuestra organización logró construir, esto es, la conciencia ciudadana de que todos tenemos derecho a pedir una rendición de cuentas, para que los crímenes no queden impunes, y así tener derecho a vivir en un país mejor”, subrayó.
Destacó que “aún con las calumnias contra Transparencia Paraguay, lo que se ha construido está en la conciencia ciudadana”.
“Aunque logren destruir a Transparencia, el proceso es irreversible. Los paraguayos hemos aprendido a reclamar que se transparente todo. Ese es el resultado de nuestro trabajo”, enfatizó.
Notificación
Callizo recordó que el 5 de mayo pasado la entidad recibió una notificación del BID que reportó una investigación de fraude y corrupción.
La pesquisa descubrió supuestamente que Transparencia Paraguay infringió disposiciones del banco al presentar solicitudes de pago de honorarios, en el marco de las operaciones técnicas no reembolsables suscritas con el BID, por montos superiores a los percibidos por los consultores en virtud de sus contratos por Transparencia Paraguay.

Los contratos firmados por Transparencia Paraguay con el BID, objetos de una investigación por el organismo con base en una denuncia del consultor de TP Hugo Cacace. Callizo sostiene que no le dieron derecho a la defensa.
Como consecuencia declaró a TP “no elegible para ser adjudicataria de contratos financiados por el banco o participar de dichos contratos por un plazo de dos años” por lo que denominó “prácticas fraudulentas”.
La decisión del BID afectó a Callizo, a Astrid Gustafson y a Stella Maris González, esta última, administradora.
Dos contratos
Los hechos que dieron origen a esta situación son dos contratos firmados con el BID entre los años 2004 y 2009, el primero por un importe de 150.000 dólares y el segundo por 400.000.
Para el primero fueron contratados 16 consultores y para el segundo 36.
Según Callizo, el BID no objetó en ningún momento el cumplimiento de las actividades comprometidas.
Prácticas fraudulentas
Explicó que el cuestionamiento que hizo el organismo es acerca de “prácticas fraudulentas” por descuentos realizados a los consultores durante la liquidación de sus haberes en forma de “donaciones compulsivas”.
Dijo que TP, como toda organización civil sin fin de lucro, “depende directamente de las donaciones para lograr la sostenibilidad de su administración”.
“Esto es así debido a que en la mayoría de los casos los proyectos financiados por instituciones nacionales e internacionales, privadas o públicas, bilaterales o multilaterales, generalmente no destinan fondos a nuestro mantenimiento”, continuó.
Dijo que todos los recursos obtenidos para ambos programas (el de 150.000 y el de 400.000 dólares) “han sido debidamente documentados, inclusive las donaciones, y figuran en la contabilidad que fue auditada regularmente por auditores externos”.
Manifestó que Transparencia “en ningún momento ocultó información. Pusimos a disposición del BID toda la documentación que hacía al manejo de recursos de ambos proyectos e inclusive los correspondientes a nuestra propia institución”.
“Fraude significa acción contraria a la verdad y la rectitud que perjudicare a la persona contra quien se comete”, alega.
Donaciones
“Todas las donaciones fueron aplicadas a potenciar los programas mencionados y esto está debidamente comprobado en nuestros registros contables que cuentan con la aprobación de auditores externos”, observó Callizo.
Se preguntó por qué esperó tanto el BID para acusar a Transparencia y cuestionó si el primer proyecto de 150.000 dólares hubiese sido fraudulento, por qué concedió el segundo proyecto de 400.000 dólares.
“Desde el punto de vista jurídico son necesarios la intención dolosa, daños para la parte agraviada y beneficio para quien la comete. Ninguno de estos requisitos está configurado ni comprobado en ningún acto realizado por nuestra institución”, señaló.
Tanto Callizo como Gustafson y González renunciaron a Transparencia al conocerse la decisión del organismo multilateral.
Solicitaron al integrante del BID por Paraguay, el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, que reclame una reconsideración.
Dijo que Transparencia estudia la forma de denunciar por calumnia al promotor de la acusación, el ex consultor Hugo Cacace.
SE DECLARA INOCENTE
Pilar Callizo, Astrid Gustafson y Stella Maris González fueron acusadas de fraude por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un ex consultor de Transparencia Paraguay, Hugo Cacace, las denunció por haberlo obligado a donar una parte de sus honorarios a la ONG.
El organismo multilateral sancionó a las tres con una suspensión por dos años para contratar con el banco. Callizo afirma que ninguna de las tres tuvo la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa. Indicó que fueron difamadas y que la intención era perjudicar a Transparencia Paraguay. Esto debido a su campaña contra la corrupción y la mafia dominantes en el país desde hace décadas. Ella se declara inocente.
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