La historia de despidos injustificados de la administración Cardozo (Carlos) de Yacyretá, que comenzó con Marcelo O’Hara, Orlando Valdés y Fernando Kurz, tuvo el lunes 18 de este mes otra víctima, el Ing. Aldo E. Ríos. quien investigó y denunció la vigencia irregular de un contrato de US$ 5 millones.

Ing. Aldo Enrique Ríos R.
La nota R.H. N° 130/09, firmada por Vicente Mendoza, jefe del área de Recursos Humanos de la EBY, fechada el 18 de mayo de 2009, notifica al Ing. Aldo Enrique Rodríguez, que dieron “por terminadas sus funciones como personal permanente de la EBY”.
La nota, con un sarcasmo imputable solo al burócrata funcional, saluda a la víctima con su “mayor consideración”, le agradece los servicios prestados, pero ignora su derecho fundamental, hasta si se quiere humano, de recibir información sobre los motivos de su despido intempestivo.
De Aldo Ríos nadie podría decir que es un improvisado, planillero o prebendario, porque es ingeniero metalúrgico, recibido en Ouro Preto, con especialización en gestión de calidad. Docente hace once años en la Universidad Nacional de Itapúa en asignaturas como Gestión de Calidad, Metalurgia, Laboratorio de Matalografía, Laboratorio de las Metales y Materiales de Ingeniería, en diferentes semestres.
“Me destituyeron porque hice pública esta denuncia, después de haber agotado toda las instancias institucionales. Una denuncia que tiene todas las evidencias que avalan mi investigación y las pruebas”, explicó durante una visita a ABC Color.
Inquirido sobre el objeto de su investigación, explicó que se trata de un contrato con consorcio para el monitoreo de Yacyretá, para implementar unas herramientas informáticas, equipos y profesionales con el fin de evaluar y seguir todo el plan de terminación de obras de Yacyretá.
Preguntado sobre el nombre del grupo beneficiado, explicó que es el Consorcio de Gestión y Monitereo para Yacyretá, cuyo director por nuestro país es Genaro Díaz de Vivar.
En lo atinente a la importancia cuantitativa del contrato, informó que se habla de US$ 5 millones.
Agregó que el contrato fue firmado por Oscar Thomas y Angel Recalde en el 2005. y que al año siguiente comenzó su implementación.
Lo más llamativo es que, a pesar de haberse pagado ya 36 de 43 certificados, G. 11 millones por día, la herramienta “hasta hoy no se implementa”.
Enumeró otras irregularidades, incluso la violación del Art. XV del Anexo A del Tratado.
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