El síndico general de quiebras interino, Ernesto Ocampos, debe dejar sin efecto la resolución por la cual se redistribuyeron los procesos de quiebra. La decisión fue dictada por el ex síndico general Amado Verón en violación de una acordada de la Corte. No se puede ser cómplice de esta grosera ilegalidad.
El 2 de setiembre del año pasado, el ex síndico general interino Amado Verón dictó la resolución número 2, por la cual estableció un mecanismo de distribución de causas para los síndicos. La medida fue adoptada a raíz de la renuncia del síndico del segundo turno, Guido Planás, ante una investigación del Ministerio Público.
Verón dispuso que el síndico del tercer turno, Juan Figueredo, lleve adelante todas las quiebras que eran manejadas por Planás. Luego refirió que esta situación generó “recargo de trabajo” para Figueredo, quien se excusó de algunas causas.
Los procesos de los cuales se apartó Figueredo, de acuerdo a la acordada número 11 de 1995 de la Corte, tenía que pasar al síndico del cuarto turno, en este caso, Carlos Couchonnal.
Sin embargo, Verón ignoró groseramente la referida acordada y, en abierta violación de la misma, redistribuyó las causas.
Es así como la quiebra (Financiera Plata) de la que se inhibió Figueredo pasó a cargo de Couchonnal. La segunda (Oga Rape) fue remitida a la síndica del quinto turno, Carolina Monges; la tercera inhibición fue Multibanco, que pasó a cargo del síndico del sexto turno, Raúl Silva; la última excusación, Bancoplus, pasó a la síndica del primer turno, Julia Alonso.
Esta redistribución que hizo Verón fue en abierta y grosera violación de la acordada de la Corte Suprema. La misma se habría hecho para favorecer a los síndicos “apadrinados” por algunos ministros del alto tribunal.
Con el objetivo de transparentar la gestión en la sindicatura, la Corte presidida por Antonio Fretes designó a Ocampos, hombre de confianza del ministro César Garay, en sustitución de Verón. Se esperaba que, apenas asumía el cargo, Ocampos revocara las decisiones ilegales adoptadas con Verón, quien durante su gestión trabajó en forma directa solo con algunos ministros de la Corte, a cuyas directivas respondía.
Sin embargo, sugestivamente, hasta ahora permanece inalterable la ilegal resolución dictada por Verón. Ocampos todavía no revoca la medida que fue dictada en violación nada menos que de una acordada de la Corte Suprema de Justicia.
En declaraciones a nuestro diario, Ocampos, un antiguo funcionario del Poder Judicial y con cierta trayectoria, afirmó que no se apartará del marco de la ley y que no aceptará presiones de ningún tipo. lo cual deja entender que ni las publicaciones de los medios harán variar sus prioridades. Afirmó que tiene un orden establecido y corregirá la redistribución de las causas en su momento.
Lo que no se puede entender es cómo se admite una resolución ilegal si se promete actuar en el marco de la ley; porque, guste o no, la medida dictada por Verón sigue vigente.
Los abogados que intervienen en los procesos confían en que la cúpula de la Corte, integrada por Fretes, Garay y Alicia Pucheta, rectifique rumbos en la Sindicatura, donde urge actuar con legalidad.
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