La misma sala de la Cámara que encajona el caso de enriquecimiento ilícito de Nicanor Duarte Frutos dilata el pedido de desafuero del senador Víctor Bernal, ex director de la Itaipú Binacional, imputado por un perjuicio de más de G. 380 millones con el uso de fondos sociales para obras en Minga Guazú.

El actual senador Víctor Bernal, mediante trabas en la justicia, no deja que le despojen de sus fueros.
En este caso, se suma la evidente confabulación con la propia Corte Suprema, debido a que no se expide sobre la confrontación pública de los camaristas Natividad Meza y Agustín Lovera Cañete, quienes se niegan a preopinar en el caso, con el simple ánimo de dilatar porque la apelación del pedido de desafuero no tiene sustento.
La presidenta de la Sala Penal, Alicia Pucheta, ante una consulta de Lovera Cañete, ordenó un sumario administrativo. La auditoría concluyó que Meza procedió erróneamente al no cumplir con el artículo 421 del CPC, ya que debía remitir el expediente al presidente de la Sala que le sigue en turno, que es Arnulfo Arias, quien integró el Tribunal de Alzada.
Sin embargo, la Superintendencia de la CSJ no se expide sobre el resultado del sumario, y esto se aguarda para el estudio de la apelación.
Esta es la forma en que se entorpece el tratamiento del desafuero en la Cámara de Senadores.
En medio de todo esto, la camarista Natividad Meza no tuvo reparos para “opinar” sobre el pedido de prórroga del fiscal Gustavo Gamba, agente desvinculado del caso por el escándalo de “coima”, y se fijó para el 17 de diciembre la fecha para la presentación del requerimiento conclusivo.
SALPICADO CON “COIMA”
La atención del proceso abierto contra el senador Víctor Bernal se desvió hacia la presunta “coima” al fiscal Gustavo Gamba, quien ya fue imputado por cohecho pasivo agravado y desaforado para someterlo a la causa penal.
El miércoles pasado “cayó” un presunto enviado del agente de Delitos Económicos, el abogado Juan Enmanuel Portillo, luego de recibir US$ 90.000 de manos de Bernal.
El operativo fue realizado por los fiscales Arnaldo Giuzzio y René Fernández, ante la denuncia de pedido de dinero para una salida que no sea la de juicio oral, realizada al parlamentario.
El senador aprovecha para declararse un “perseguido político”; sin embargo, pone trabas para que se lo desafore. En la semana, otro fiscal será designado en esta causa.
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