El Consejo Departamental de Alto Paraná de Defensa de la Soberanía del Agua, que reúne a distintos sectores de la sociedad, pide que el proyecto de ley de saneamiento urbano de Alto Paraná, conocido como “ley del agua”, sea retirado del Congreso. Sostienen que viola la Constitución y saca de manos del Estado el manejo del líquido vital.

El pasado 28 de mayo organizaciones civiles de todo el Alto Paraná se movilizaron contra el proyecto de ley del agua y hasta cerraron rutas en Juan León Mallorquín (foto).
El proyecto de ley de saneamiento urbano para el departamento de Alto Paraná, impulsado por los hermanos Javier y Justo Zacarías, vicelíder y diputado de Vanguardia Colorada respectivamente, es criticado por sectores políticos y sociales del departamento.
El pasado 28 de mayo se hicieron movilizaciones en todo el Alto Paraná e incluso se llegó a cerrar la ruta internacional número Siete Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, a la altura de Juan León Mallorquín. Posteriormente el PLRA resolvió pedir al Ejecutivo el veto del proyecto de ley. Ahora el Consejo Departamental de Alto Paraná de Defensa de la Soberanía del Agua y otros Recursos Naturales está haciendo un fuerte cabildeo con partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil para lograr que el proyecto de ley sea retirado.
En un análisis del documento, la mencionada organización sostiene que el proyecto de ley viola la Constitución Nacional y la ley marco de provisión de agua, porque delega todo el manejo a manos de la Gobernación que a su vez puede dejar todo el control del agua en manos privadas. También cuestionan que se autorice a la Gobernación a contratar préstamos internacionales a través del Estado sin que pase por la Junta Departamental.
El proyecto tuvo un tratamiento acelerado y fue aprobado en ambas cámaras. El documento ahora en segunda vuelta está siendo analizado en la Cámara de Diputados que solo discutirá las modificaciones, por lo que su sanción es un hecho.
Detrás de este proyecto están también la cooperación técnica no reembolsable y un préstamo de 200 millones de dólares de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA) para llevar adelante el proceso.
Este dinero sería manejado directamente por la Gobernación, que está en manos de Nelson Aguinagalde, ahijado político de Javier Zacarías.
MILLONARIO
El proyecto de ley de saneamiento urbano para Alto Paraná esconde detrás un negocio millonario con un bien muy preciado como el agua.
La legislación prevé que todo el manejo del agua en las 20 municipalidades sea controlado por la Gobernación departamental sin que el Gobierno central pueda tomar intervención ya que, de acuerdo con el proyecto de ley, toda la facultad es delegada en manos de la Gobernación.
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