ES EXAGERADA LA REACCION, SEGUN EL MINISTRO DEL INTERIOR

Sin seguidores y con descabelladas ideas

Elvio Benítez, quien propone “barrer” con el Congreso y el Poder Judicial, tiene en su haber un sinfín de presuntos hechos delictivos. Además supuestamente lidera 11 asentamientos de San Pedro y el número de sus “seguidores” no llegaría ni a 1.000 personas.

Elvio Benítez

Benítez es dirigente de la Coordinadora de Productores Agrícolas San Pedro Norte (CPASPN) y miembro de la organización del Espacio Unitario Popular (EUP).

Tiene en su haber frondosos antecedentes judiciales, tanto es así que en el año 1993 se libró una orden de captura dictada por el juez de Paz de Nueva Germania, Ramón González Saiz, por supuesto hecho de homicidio en el asentamiento Tava’i Borda 2. Víctima: José Domingo Gaona.

En 1997: Otra orden de captura decretada por el juez de Cnel. Oviedo Carlile Gauto Sanabria, en la causa caratulada: Eustaquio Martínez y otros sobre homicidio en Nueva Germania.

En el año 2000: El 21 de junio se dispuso su detención por el entonces agente fiscal Arnaldo Giuzzio. Fue en el marco de la investigación de un asalto a mano armada, secuestro, robo e intento de homicidio en el asentamiento Pedro Giménez, denunciado por Derlis Hugo Duarte Arredondo. Fue recluido en la cárcel de San Pedro.

El día 28 del mismo mes y año, se llevó a cabo un allanamiento de la casa de Benítez, en Tava Guaraní, y fueron incautadas armas de fuego. Aquí se observa una pausa en las actividades del líder, reanudando sus “actividades” tras asumir Nicanor Duarte Frutos como presidente de la República.

En el 2004: El 18 de noviembre se dictó una orden de detención preventiva contra Benítez, firmada nada menos que por cinco fiscales: Adriana Pedretti, Rosa Talavera, Ulises Giménez, Víctor Agüero y Justiniano Cardozo, en los autos caratulados: Alejandro Villamayor González sobre perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, incitación a cometer hechos punibles, asociación criminal, lesión grave e intervenciones peligrosas en tránsito terrestre, en General Resquín.

También en el 2004, el 10 de junio, con orden judicial se incautó del poder de Elvio Benítez una camioneta marca Toyota, tipo Hilux.

En el 2004: Benítez juntamente con funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UTEP) cometieron lesión de confianza, defraudación y estafa al Estado.

En el 2005: Benítez Gamarra logró las medidas alternativas a la prisión, dispuestas el 15 de abril por el Juzgado de Garantías de San Pedro, firmada por el juez Enrique Cubilla.

El 27 de abril de 2009 la abogada Gilda de Fátima Burgstaller denunció al dirigente campesino Elvio Benítez ante el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, por amenaza de alzarse contra el Poder Judicial.

El 30 de marzo de este año la Senad abrió una carpeta de investigación donde vincula a Benítez al tráfico de marihuana.