SECTOR COOPERATIVO: LA FORMALIZACION NECESARIA

Luces y sombras del cooperativismo

El cooperativismo paraguayo se debate entre luces y sombras. Con un peso cada vez mayor en la economía, su fortalecimiento tarda en llegar. Un programa del Gobierno con el respaldo del BID busca acelerar los plazos, a fin de dotar de mayores controles al sector.

A un lustro de la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), que permitió la separación del sector cooperativo de la regulación bancaria, poco o nada se avanzó para dotar de mayor seguridad a los ahorros de los cerca del millón de socios.

Con un peso cada vez mayor en la economía, el Gobierno, respaldado por el BID, busca acelerar los plazos para el fortalecimiento de los controles y la regulación del sector. Sobre hechos consumados (independencia legal del sector cooperativo), la imposibilidad técnica de volver atrás y las requisitorias de organismos multilaterales como el FMI, se pretende profesionalizar la economía solidaria, pese a las trabas que impondrá seguramente un sector de la dirigencia que pretende mantener el statu quo, en beneficio propio.

Cuando a principios de la presente década el entonces superintendente de Bancos, y luego presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Gabriel González, advirtió el crecimiento desmedido del sector cooperativo de ahorro y crédito casi sin control, los entonces dirigentes lograron separar legalmente al sector de la égida del BCP, mediante la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), manteniendo mínimos márgenes de solvencia para las entidades.
A un lustro de ello, el sector cooperativo se ve obligado a profesionalizarse mediante proyectos que, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buscan potenciar la capacidad de supervisión y regulación del Incoop, a fin de evitar que se repitan en el sector cooperativo las crisis financieras que sufriera el país entre 1995 y el 2002.
El actual Equipo Económico, comandado por el titular de Hacienda Dionisio Borda, se encontró con hechos consumados en esta nueva etapa al mando del mismo. No puede “desandar lo andado” e instaurar el control del BCP sobre las cooperativas de ahorro y crédito.
Urgido por las requisitorias de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional que advierten sobre el peligro latente de poseer “dos sistemas financieros”, uno regulado y otro no; así como por el cada vez más fuerte peso del sector en la economía, el Gobierno terminó poniendo en marcha el crédito del BID para fortalecer la regulación y el control de las entidades.
El proyecto, que cuenta con un financiamiento de US$ 5 millones, de los cuales US$ 3,6 millones pertenecen a créditos del BID y US$ 1,4 millones son contrapartida del Gobierno, posee cinco áreas temáticas de acción.
La primera busca fortalecer la regulación, mediante la evaluación, modificación y rediseño del marco de regulación. La segunda busca fortalecer la supervisión y fiscalización. Los procedimientos, métodos, manuales, sistemas, supervisión auxiliar y la capacitación de los funcionarios para las nuevas exigencias.
La tercera, dotar de un sistema de información y estadísticas con variables comparables internacionalmente. La conexión con el BCP para sus cuentas nacionales y la remisión permanente de información al ente bancario matriz.
Asimismo, la creación de un fondo de estabilización y un fondo de garantía para la protección de los ahorros y, finalmente, el diseño, estructura, capacitación de recursos humanos, infraestructura tecnológica y software, para el ente regulador, el Incoop.

Coyuntura

Mientras tanto, la coyuntura parece no querer esperar. La reciente decisión de intervención a la cooperativa Fernando de la Mora y su imposibilidad de llevarla a cabo demuestran la fragilidad institucional que posee el órgano de control.
Asimismo, la sumativa de irregularidades descubiertas en los últimos años, entre las que destacan la creación de créditos inexistentes en las cooperativas Universitaria y San Cristóbal en ejercicios pasados (hoy en luchas jurídicas para la recuperación del dinero); la creación de tarjetas de crédito a nombres de “fantasmas” en la Cooperativa Santísimo Redentor, demuestran la necesidad de fortalecer los mecanismos de control actuales, a fin de evitar males mayores.
Pero el camino no será fácil. Se deberá desarmar la ingeniería montada por parte de la actual clase dirigente del movimiento cooperativo que absorbe los mayores beneficios del crecimiento del sector.
Esto es evidente. Al igual que el pasado no profesional del sistema financiero paraguayo, donde los accionistas de las entidades hoy desaparecidas manejaban los ahorros del público como propios, hoy por hoy, los dirigentes de un alto número de entidades manejan las cooperativas como propias, beneficiándose ellos y al grupo al que pertenecen, en detrimento de la masa de socios de las entidades.
Esto obliga a la profesionalización de la dirigencia. Y esta profesionalización debe venir desde la misma entidad de control. No es posible que el Incoop siga teniendo un cuerpo directivo electo por las propias entidades controladas.
Es justamente esta situación la que permite casos como el que envuelve a Pedro Loblein, miembro del consejo de administración del Incoop, quien vende servicios a varias entidades cooperativas, sujetas bajo su control.
Esto obliga a que los consejos de administración de las entidades sean (como su nombre lo indica) consejos encargados de la elaboración de las políticas macro, dejando la administración a profesionales ejecutivos, limitando al mínimo los gastos de la alta dirigencia para maximizar los beneficios de los verdaderos dueños: los socios.

Click para agrandar

Click para agrandar

Click para agrandar

Click para agrandar

Benito Milciades Roa