BUSCAN RESTITUIR A MANUEL ZELAYA EN LA PRESIDENCIA

Cronología de los hechos

La detención del mandatario hondureño Manuel Zelaya, este domingo, ordenada por el Poder Judicial, y el nombramiento de un nuevo presidente por el Congreso, poseen causas y consecuencias que se narran a continuación a fin de ilustrar al lector con un panorama global de los acontecimientos.

Momento en que los militares hondureños rodean la casa presidencial en Tegucigalpa el domingo a la mañana, en donde detuvieron y luego deportaron a Manuel Zelaya. (EFE)

ANTECEDENTES

Durante buena parte del mandato de Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), los principales sectores políticos de Honduras, incluyendo su propio partido, el Poder Judicial, los más importantes medios de prensa y diversos gremios profesionales y empresariales de la sociedad hondureña le acusaban de diversas irregularidades en su desempeño como Presidente de la República.

Un informe de la “Comisión Especial de Diputados”, conformada para investigarlo, señala una lista de actos ilegales de los que se acusa a Zelaya Rosales.

Incluye la no sanción de 96 decretos y leyes remitidas por el Congreso.

La no remisión del Presupuesto General de la República, que debió ser presentado al Congreso a más tardar el 15 de septiembre del año pasado.

El desacato a las sentencias judiciales referentes a la ilegalidad del proceso de consulta que pretendía realizar este domingo en búsqueda de una reforma constitucional que permitiera la reelección presidencial.

El decomiso ilegal que hiciera en las instalaciones de la Fuerza Aérea del material electoral que había quedado en esa unidad militar por instrucciones del Tribunal Supremo Electoral.

HECHOS PREVIOS

El miércoles 24, Zelaya destituyó al comandante del Estado Mayor de las FF.AA. por negarse a que el Ejército distribuyera los materiales para el referéndum declarado ilegal por las autoridades judiciales.

Al día siguiente, Zelaya, acompañado de cientos de seguidores, ingresó a la base militar donde estaban los materiales electorales, y los retiró a la fuerza.

El sábado 27, Manuel Zelaya, en una entrevista al diario español El País revelaba: “Si sigo aquí es gracias a que Estados Unidos no apoyó el golpe”. La madrugada del viernes, “aquí estaba todo listo para dar un golpe y si la embajada de EE.UU. lo hubiera aprobado, (lo) hubieran dado. Pero la embajada no (lo) aprobó”.

EL DÍA D

A las 6:00 de la mañana del domingo 28 un pelotón de soldados irrumpió en la residencia presidencial, detuvieron al presidente Zelaya y lo llevaron a una base aérea militar, de donde fue deportado a Costa Rica.

Ese mismo día, horas después, el Poder Judicial comunicó que había instruido una orden de detención contra Manuel Zelaya por la violación de la sentencia judicial que declaraba ilegal el llamado a referendo.

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Supuesta carta de renuncia de Manuel Zelaya. La fecha de la misma avalaría la denuncia del ex presidente de que el golpe debía ser realizado el viernes 26. (www.elpaís.com)

En horas de la tarde, el Congreso se reunió, y un legislador leyó una supuesta carta de renuncia del presidente Zelaya (fechada el jueves pasado), la cual fue aprobada. Entonces, se eligió como nuevo mandatario a Roberto Micheletti, presidente del Congreso.

En sus primeras declaraciones públicas, Micheletti anunció el toque de queda por 48 horas (que vence hoy) y declaró que la sucesión presidencial se había realizado “conforme a derecho”.

ANÁLISIS

El derecho a la rebelión está consagrado en todas las constituciones modernas.

Aguantar pasiblemente a un tirano es algo que ya nadie, en las sociedades democráticas y de alto nivel cívico, considera aceptable.

Surge la pregunta de si las acciones del destituido presidente Manuel Zelaya lo llevaban hacia la implantación de un gobierno autocrático en Honduras.

Todos los principales partidos políticos de ese país, los poderes Legislativo y Judicial y varios sectores sociales consideran que sí.

Los partidarios de Zelaya invocan que el estado de derecho ha sido violentado con su destitución y que tal cosa no debió suceder en una sociedad democrática.

Si las acciones de Zelaya, enunciadas más arriba, indican un manejo arbitrario del gobierno, el derecho a la rebelión podría justificar su derrocamiento.

Pero, si tal es el caso, entonces no hacía falta intentar, burdamente, dar un ropaje legalista a una acción que por sí misma podría ser considerada como legítima.

lduarte@abc.com.py

Leonardo Nicanor Duarte