RED DE PERIODISTAS DE INVESTIGACION (2ª PARTE Y FINAL)

Lugo arrancó con todo represión al contrabando y se quedó por el camino

Grandes presiones de grupos de poder y dinero envuelven la industria tabacalera en Paraguay, donde combatir la represión ha costado el cargo a algunas autoridades. Operativos rutinarios en otros países acabaron con carreras de varios funcionarios quienes sucumbieron a las presiones de grupos fácticos. Mientras, la industria tabacalera se defiende diciendo que el contrabando es un problema de los países donde entran las mercancías y no de los países donde se generan. El código aduanero paraguayo castiga el contrabando de importación (el que se mete al país), el de exportación (el que metemos a otros países) y también condena la tentativa.

Incautación de cigarrillos falsificados. Expertos y empresarios del rubro tabacalero en el país coinciden en que bajaron las falsificaciones a conocidas marcas, pero el contrabando aumentó vertiginosamente.

Hay un hombre en Salto del Guairá, la ciudad paraguaya frente a Guaíra, que no titubea para hablar del brasileño “Zero Um”, “El Capo”, Roque Fabiano Silveira. Su nombre es Sidronio Talavera, un arpista profesional que alguna vez tocó con uno de los tríos musicales más famosos del país, nos recibió sentado en una pequeña oficina desde donde maneja su fábrica de cigarrillos, Cosmopolita SA. Talavera dice que no solo conoce a Silveira, sino que también es su socio comercial. “Es una de las mejores personas que he conocido en toda mi vida”, enfatiza Talavera, quien fue condenado el año pasado por evasión fiscal. Fiscales paraguayos lo acusaron por reportar falsas exportaciones al Brasil para evadir el pago de impuestos a la importación de insumos para fabricar cigarrillos. Las autoridades también lo han señalado como falsificador, cargo que él niega rotundamente.

Talavera dice que le vende a cualquier persona que golpea la puerta de su fábrica, y sabe que algunos de sus compradores son contrabandistas o trabajan con contrabandistas. “Enhorabuena que los cigarrillos vayan a Brasil”, dice golpeando su escritorio. “Si me pongo en plan de exigencia, me muero de hambre”. Talavera se jacta de que su marca Latino se ha vendido hasta en Dubai y que mayoristas de Panamá le compran cigarrillos y revenden al extranjero. “No sé si en Panamá los cigarrillos entran de contrabando o se revenden legalmente, y no me interesa. Me interesa vender”.

Sidronio Talavera confirma que Silveira todavía es el gran intermediario del negocio, el mediador que adquiere grandes cantidades de cigarrillos de las fábricas paraguayas y coordina su distribución en Brasil. “¡El trabaja con todos!”, dice Talavera cuando se le menciona que otros fabricantes parecen desconocer en estos días el paradero de Silveira. “Es inteligente, el ‘Mafioso’. Se les escapó a los americanos”, agrega recordando que Silveira fue dejado en libertad por la justicia norteamericana.

Los desafíos para el Gobierno paraguayo, que dice estar decidido a regular la industria del cigarrillo, no son pocos. Ortiz, el gerente de Tabesa, resumió el problema mejor que nadie: “Paraguay es un gran duty free”, dijo el empresario. “Y es muy buen negocio”.

SIMBÓLICO PINDOTY PORÃ

El director de Aduanas, Carlos Ríos, sabía que una industria entera se le iba a venir encima, pero decidió seguir adelante con el operativo. Después de todo, él era parte de una administración que se había comprometido a erradicar el contrabando en Paraguay.

Así, el 6 de febrero del 2009 Ríos coordinó personalmente el operativo anticontrabando de cigarrillos más grande de la historia del país: Incautaron 46 millones de pabilos –la mayoría sin ningún respaldo documental– almacenados en un galpón ilegal, a una cuadra de la frontera con Brasil, en la desolada región de Pindoty Porã (Canindeyú). Cuando la gente de Ríos llegó al galpón, siete camiones cargados de cigarrillos se preparaban para partir. Uno de los choferes aceleró y desapareció por la frontera entre disparos de la policía.

Este fue un operativo que sería hasta rutinario en muchos lugares del mundo, pero se transformó en un evento extraordinario en Paraguay, un país que por décadas ha sido etiquetado como refugio del contrabando. Las confiscaciones de cigarrillos son inusuales en un país donde las tabacaleras están en manos de algunos de los hombres más ricos e influyentes del Paraguay. Las fábricas producen mucho más de los 3.000 millones de cigarrillos que los paraguayos consumen al año. En el 2006 Paraguay fabricó alrededor de 68.000 millones de cigarrillos, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo (la uruguaya CIET, dependiente de la canadiense Framework Alliance Convention). Pero el destino final de la gran mayoría de los cigarrillos no es Paraguay, sino los mercados negros de Latinoamérica y del mundo.

POLÍTICOS Y AUTORIDADES

Por su magnitud, la confiscación de Pindoty Porã rápidamente se inmiscuyó en el diálogo nacional y hasta el mismo presidente Fernando Lugo salió a felicitar a los aduaneros que participaron del operativo.

Pero la euforia no duró demasiado. Cuando las cámaras se apagaron el mismo Ríos descabezó al equipo anticontrabando de Aduanas, Detave, que había realizado el operativo. El titular de Aduanas se apuró a explicar que los aduaneros no habían mostrado la misma eficiencia a la hora de prevenir el contrabando que entra a Paraguay desde Argentina y Brasil. Mientras esto ocurría, un coro de empresarios tabacaleros había comenzado a trabajar detrás de escena, con la ayuda de senadores, ministros y otros políticos, para presionar por la devolución de los cigarrillos incautados. Los nombres que mencionaron en las entrevistas fueron los del ex ministro de Justicia y Trabajo, y actual senador del PLRA Blas Llano al igual que su colega, el también senador del PLRA, el abogado Fernando Silva Faccetti (quien hasta ha participado de un par de allanamientos vinculados a cigarrillos).

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Por lo bajo, los empresarios le hicieron saber al Gobierno que si no se entregaban las cargas empezarían los juicios. En mayo, después de que un desconocido mayorista pagara una garantía de casi 300.000 dólares (unos 1.500 millones de guaraníes), Aduanas devolvió todos y cada uno de los 46 millones de cigarrillos incautados entre los que estaban marcas de Tabacalera Hernandarias, Tabacalera del Este, la uruguaya Tabacalera Montepaz (socia de Tabacalera San Francisco) y Tabacalera Sudán (que en teoría está cerrada).

UNA INDUSTRIA SIN REGULACIONES

El caso Pindoty Porã estableció un precedente desconcertante para un industria acostumbrada a operar con inmunidad. “Fue un operativo extorsivo y un show mediático”, disparó José Ortiz, titular de la Unión de Tabacaleros del Paraguay (UTP) que agrupa a un una media docena de industrias del sector.

Autoridades de la Receita Federal de Brasil y de la Gendarmería Argentina dicen que incautan más cigarrillos de Tabesa que de ninguna otra fábrica paraguaya. Pero según Ortiz, los cigarrillos de Pindoty Porã eran legales en tanto se habían pagado impuestos locales y las cargas se encontraban en territorio paraguayo.

El caso Pindoty Porã demuestra la casi imposible tarea de controlar el contrabando en un país donde la ley suele sentarse detrás del poder y el dinero.

La industria tabacalera paraguaya prácticamente no tiene regulaciones. Los organismos de Gobierno encargados de su control ni siquiera parecen ponerse de acuerdo sobre la cantidad de fábricas que operan en el país. En Marzo, el ministro de Tributación Gerónimo Bellassai dijo a ICIJ que la evasión impositiva por parte de la industria tabacalera es “muy alta”, pero su equipo todavía no tenía una estrategia certera para hacer el seguimiento de las ventas del sector. Un paso básico para mejorar la trazabilidad del comercio cigarrillos es reformar el arcaico sistema de estampillas impositivas. Actualmente, las estampillas de impuestos al tabaco son apenas unos papeles blancos que se pueden fotocopiar con facilidad, se colocan sobre las cajas de 10.000 cigarrillos (que son reutilizables) en lugar de aplicar a cajetillas individuales.

Pero aun reformas modestas como esta pueden resultar cuesta arriba en Paraguay. “Cuando hay mucho dinero de por medio, Tributación siempre pierde”, dice Bellassai, quien se apura en aclarar que el objetivo de su administración “no es matar la producción de cigarrillos”, sino que las tabacaleras “se formalicen y exporten legalmente”.

Mientras tanto, en el edificio de Aduanas, Ríos habla de su “lucha titánica” por obtener los recursos necesarios para frenar el contrabando (de entrada y de salida, ambos castigados por el Código Aduanero al igual que la mera tentativa). Dice que Paraguay tiene apenas 10 puestos de control importantes en más de 1.000 kilómetros de frontera con Brasil. “Estamos indefensos”, se lamenta Ríos. Sin embargo, el jefe de Aduanas ha sido criticado en los medios recientemente por no utilizar los recursos que sí dispone, varios de ellos donados por el Gobierno norteamericano.

FICHA TECNICA

Trabajaron para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en este proyecto: David Kaplan (director ICIJ), Marina Walker (vicedirectora), Mabel Rehnfeldt (Paraguay), Marcelo Soares (Brasil), Daniel Santoro (Argentina), Alain Lallemand (Bélgica), Stefan Candea (Rumania), Duncan Campbell (Gran Bretaña), Te-Ping Chen (Estados Unidos), Gong Jing (China), Vlad Lavrov (Ucrania), William Marsden (Canadá), Paul Christian Radu (Rumania), Roman Shleynov (Rusia), Leo Sisti (Italia), Drew Sullivan (Bosnia-Herzegovina) y Kate Willson (Estados Unidos). El ICIJ es una red de investigación en 50 países del mundo que opera desde el Centro para la Integridad Pública en Washington (EE.UU.). Es una organización independiente que no recibe aportes de gobiernos ni empresas. Los fondos para el proyecto fueron del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Para leer este trabajo que hoy sale simultáneamente sobre y en varios países, acuda a http:// www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/.