ASEGURA QUE SUS DOCUMENTOS SON FALSOS

La Colonia Santa Lucía rechaza el título de Jaeggli

La comisión vecinal Santa Lucía soporta un largo litigio con el senador Alfredo Jaeggli. La finca 2.108, vendida al Ministerio de Obras Públicas, fue instalada en medio de la colonia campesina.

Crescencio Sosa (izquierda) y Eusebio Torres explicaron detalles del litigio que enfrentan con el senador Alfredo Jaeggli. Aseguran que documentos del parlamentario son falsos.

Crescencio Sosa es titular de la comisión vecinal Santa Lucía, en el distrito de Itakyry, Alto Paraná. Estuvo preso en dos oportunidades, la primera cuatro meses, en el año 2007; y la segunda un mes, en julio pasado.

La comisión vecinal soporta un largo litigio con Alfredo Jaeggli (h), Esteban Serrati y Aníbal Gavilán, propietarios de la finca 2.108. Esta fracción fue montada encima de la colonia campesina, afectando igualmente un sector de la colonia indígena Jukyry, de la parcialidad ava guaraní.

El conflicto con los propietarios tuvo como consecuencia varias intervenciones policiales, así como del Ministerio Público, con el resultado de campesinos detenidos en la penitenciaría de Ciudad del Este.

Eusebio Torres, ex presidente de la comisión, acompañó a Crescencio Sosa en una visita a la redacción de ABC Color y juntos expusieron el problema que soportan con los propietarios de la finca 2.108.

El señor Torres explicó que llevan un año intentando realizar una mensura judicial, pero que no puede llevarse a cabo la medición de derechos ante la firme negativa del senador Alfredo Luis Jaeggli de aceptar una confrontación de los derechos sobre la tierra.

Al respecto explicó: “El título de propiedad de la finca 2.108 es falso, no tiene ningún valor. No existe esa fracción. La única forma de resolver el conflicto es realizando una mensura judicial, donde cada una de las partes presente sus documentos. Así se determina quién tiene derechos sobre la tierra, pero los supuestos propietarios no aceptan una mensura”.

INSTALACIÓN DE LA COLONIA

La colonia Santa Lucía fue habilitada en 1999. En el año 1989 el entonces Instituto de Bienestar Rural compró 6.329 hectáreas, parceladas en 151 lotes de 20 hectáreas cada uno. Una porción del lote es un esteral del arroyo Vaca Retá que no puede utilizarse para actividades agrícolas.

Don Crescencio mencionó que la colonia es la finca 25.367 del distrito de Hernandarias, un desprendimiento de la finca 30 de La Industrial Paraguaya. Es oportuno señalar que la mayor parte de las propiedades de la región derivan de la finca número 30, que técnicamente se denomina finca madre.

En cambio, la finca 2.108 tiene como origen la finca 236 del departamento de Villa de San Pedro y supuestamente fue adquirida en el año 1931, aunque la inscripción se realizó recién en 1941.

Técnicos del Servicio Nacional de Catastro confirmaron que si existiera realmente la finca 236, el lote debería estar ubicado en lo que actualmente es el departamento de Canindeyú y no en Alto Paraná, como sucede actualmente.

Agregó nuestro entrevistado que “la finca 2.108 se implantó en medio de nuestra colonia. Se inventó un título de propiedad por medio de maniobras legales y ahora están tratando de acomodarlo dentro de nuestra tierra, ya titulada y que es desprendimiento de la finca 30”.

TÍTULO FALSO

Los dirigentes de la comisión vecinal Santa Lucía sostienen que el título de propiedad en poder del senador Alfredo Luis Jaeggli es falso.

“El IBR compró la tierra en el 1989, nos instalamos en 1999 y recién en el año 2002 viene apareciendo Jaeggli con documentos que no tienen ningún valor”, coincidieron en mencionar.

Eusebio Torres recordó que Alfredo Jaeggli vendió con anterioridad las mismas tierras. “El Ministerio de Obras Públicas no es la única víctima. Aparte de la estafa al Estado paraguayo, otras dos personas también fueron víctimas, primero un brasileño de nombre Evaldo Hirsh y luego María Verónica Carrasco. Ellos pagaron por una tierra que existe únicamente en los papeles”.

El 12 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones firmó un contrato de compraventa de inmueble con Alfredo Jaeggli (h), Esteban Serrati y Aníbal Gavilán.

Se acordó pagar 5.962 millones de guaraníes por un lote de 1.592 hectáreas, para su entrega a la comunidad ava guaraní de Jukyty.

Se descubrieron que no existe título de propiedad original y las irregularidades que giran en torno a los documentos de los supuestos propietarios. Esto permitió anular el pago del equivalente a 1.300.000 dólares, que es el monto establecido por una finca que en realidad no existe.

La comisión vecinal Santa Lucía exige llevar a cabo una mensura judicial, con la intención de demostrar la validez del título de propiedad que poseen.

Próxima nota: La estafa no se limitó al Estado. Final.

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