Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia de la República, recalcó que el Ejecutivo dirige las relaciones internacionales, ante el reclamo por los acuerdos con Venezuela. Consideró que hay mucho prejuicio ideológico.

Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia, dice que la polémica pronto se resolverá.
-¿Qué piensa de la polémica porque no se envían los acuerdos con Venezuela al Congreso?
-En primer lugar, quiero señalar que el Presidente de la República ya el 11 de octubre del año pasado ha remitido la totalidad de los documentos firmados en San Pedro el 16 de agosto con la República Bolivariana de Venezuela. El Ejecutivo contestó un pedido de informes de la Cámara de Diputados. Además, días pasados, los hemos remitidos al presidente de la Comisión Permanente, al del Senado y al de la Cámara de Diputados. Yo tengo instrucciones del Presidente de la República de responder cuantas preguntas realicen legisladores y dar una completa transparencia a este tema. La Constitución establece la obligación de que los tratados acuerdos y convenios sean aprobados por ley del Congreso y tiene una cámara exclusiva de origen, que es el Senado. Pero también el artículo el 238 establece como atribución exclusiva del Presidente dirigir las relaciones exteriores. En ese marco, se ha remitido un solo acuerdo: la modificación de un pacto sobre seguridad energética, que está hoy en el Congreso.
-El senador Sixto Pereira ha dicho que el Ejecutivo no está remitiendo todos los acuerdos porque espera el momento político propicio, ¿Eso es cierto?
-Evidentemente, incide mucho el marco político porque el Congreso, organismo que aprueba los convenios, está conformado por políticos. Pero quiero recalcar que la potestad irrenunciable de dirigir las relaciones exteriores es del Poder Ejecutivo. En este momento, en el Estado paraguayo, como en muchos estados del mundo, hay más de 20 acuerdos internacionales firmados que no se han remitido al Congreso. Muchos son del Mercosur, con estados asociados al Mercosur y también instrumentos internacionales. La Constitución le da al Presidente la misma fuerza, y tal vez sea los dos únicos casos, para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y para dirigir las relaciones exteriores, porque es lo que hace que exista un Estado unitario: las Fuerzas Armadas. y la existencia del Estado para afuera. Son facultades irrenunciables del Presidente. Si renunciara a eso sería pasible de juicio político. Ahora bien, los instrumentos internacionales se remiten de acuerdo a muchas circunstancias. Le voy a dar un ejemplo concreto: nuestro Gobierno firma con un país X un acuerdo de cooperación para el intercambio y asistencia técnica económica para estudiar el sistema bancario paraguayo. A lo mejor, Paraguay tiene que poner en condiciones las oficinas, contratar técnicos, estudiar si va a tener el dinero para la contrapartida. Una vez que se den esas condiciones, antes de su ejecución, debe ser comunicada al Congreso para su aprobación. En otros casos, la consideración es estrictamente política. Quiero aclarar algo además: no es cierto que en Venezuela ya se hayan aprobados todos los acuerdos. Creo que se han remitido dos, aunque debemos verificarlo aún.

Fernando Lugo y Hugo Chávez firmando los acuerdos, al día siguiente de haber asumido el primero la presidencia.
-¿A qué atribuye el reclamo insistente de legisladores de la oposición y de algunos medios para que los acuerdos sean remitidos al Congreso?
-Yo descarto una intencionalidad política. En el Presidente de la República y en los legisladores radica la legitimidad popular. Yo jamás polemizaría con legisladores. Vamos a proveerles de todo lo que corresponda. Pero, como la Constitución, donde también está la legitimidad popular, dice que el Presidente dirige el servicio exterior, se establecen reglas, formas y momentos para remitir los acuerdos. Yo creo que esto pronto va a tener una solución satisfactoria, incluso para los reclamos más urgentes del Congreso. Pero nosotros no podemos pedir la aprobación hoy de convenios que ni siquiera han sido remitidos a Venezuela. Por una cuestión de reciprocidad e igualdad. Tenemos que ver si hay interés de ellos o si hace falta ajustar algo. A lo mejor, se decide que tres o cuatro acuerdos sean reestudiados, porque no se cumplen bien en Venezuela o porque se retrasan en alguno de los dos países. Incluso, algunos pueden devolverse. Hay procedimientos de derecho internacional para dejar sin efecto los convenios. Todos estás posibilidades existen.
-¿Qué opina acerca del temor de algunos sectores de que el convenio del área educativa sea utilizado para un adoctrinamiento político?
-Creo que hay mucho de prejuicio ideológico. Le decía a un amigo que alguien se molestó porque un funcionario usaba una boina del “Che” Guevara, pero nadie se molesta porque hay calles y escuelas con el nombre de Domingo Faustino Sarmiento (político argentino 1811-1888), que dijo que había que matar a cada paraguayo en el vientre de su madre y que había que fertilizar la tierra paraguaya con la sangre de los paraguayos. Y sin embargo, hay calles en su homenaje. Y puede que esté bien. A lo mejor hay paraguayos que coinciden. Pero yo creo que hay mucho prejuicio. El gobierno de Lugo es popular, democrático y legítimo. Eso se ve en la pluralidad de su gabinete. Acá se va a enseñar lo que dice la Constitución, se va a enseñar la vigencia del Estado democrático, representativo y participativo. La Constitución establece bien los caracteres y las condiciones de la educación. De ninguna manera se utilizarán bienes del Estado para adoctrinar a favor de una u otra ideología. En todo caso, dentro de la doctrina democrática.
-¿Considera que el Gobierno lleva adecuadamente las relaciones internacionales?
-Lugo en su campaña prometió devolver la dignidad al país y algo elemental para que eso ocurra es dejar de ser esclavos, dejar de ser segundones de los grandes estados, llámese Brasil, llamese Estados Unidos, llámese como sea. Vamos a aplicar lo que dice la Constitución Nacional: las relaciones internacionales con la autodeterminación de los pueblos y con la igualdad. Y algo muy importante que olvidamos: el principio de la reciprocidad. La reciprocidad se olvidó, por ejemplo, en Itaipú y Yacyretá. Por hermosas sesiones y cómodos viajes al extranjero de consejeros de Itaipú y Yacyretá, en el pasado se regalaron pedazos de la soberanía paraguaya. Eso es algo que Lugo pone como esencial: la recuperación de la soberanía energética. De igual a igual con Argentina y con Brasil, es lo que estamos reclamando. Y resulta que apenas Paraguay pone un fuerte énfasis en renegociar Itaipú alguien se molesta porque algunas organizaciones brasileñas van a apoyar. En la cancha se ven los pingos. Paraguay va recibir y buscar el apoyo de Naciones Unidas, de la OEA, de Unasur, de partidos, de movimientos de sindicatos, de individuos, de profesionales, de ONG para lograr la renegociación de Itaipú. Eso no es nada oculto, no es nada reservado, es totalmente público, como hoy mismo lo dice Marco Aurelio García, el asesor de Lula. Pero que Paraguay se meta en asuntos internos de otro país, jamás. Paraguay nació como Estado con Francia y los López defendiendo la soberanía nacional y denunciando la injerencia de otros estados. Y nosotros rescatamos ese principio histórico de nuestra soberanía nacional. Jamás el Paraguay se inmiscuirá en política interna de otro país, pero sí vamos a pedir a todos los países del mundo que nos apoyen para renegociar Itaipú.
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