Corte ignora destino de US$ 900.000
Por recomendación de la Dirección General de Auditoría de Tribunales, el Consejo de Superintendencia de la Corte, a cargo del ministro Víctor Núñez, resolvió archivar la investigación por supuesta irregularidad, que pesaba sobre los miembros del Tribunal de Sentencia de la causa Ycuá Bolaños, tras la venta de una propiedad de Juan Pío Paiva por US$ 1.088.000.
Víctimas del Ycuá acudieron a tribunales para enterarse del destino del dinero de la venta de la propiedad de Paiva.
La investigación estuvo abocada en determinar el destino de US$ 900.000, de la suma señalada, ya que debió ser utilizada para pagar a embargantes de esta causa.
La auditoría solo pudo comprobar el destino de unos G. 178.000.000 de los US$ 900.000. Los encargados de la pesquisa determinaron que los jueces Germán Torres, Bibiana Benítez y Blas Cabriza no tuvieron responsabilidad en la desaparición de los US$ 900.000. Según las averiguaciones de los auditores Alejandro Arce y Teresita Alvarenga, Silvia Esther Gamba de Bogarín y Natalia Bogarín Gamba recibieron unos G. 30 millones para levantar el embargo.
Isabel Villareal recibió G. 50 millones, Lorenza Melgarejo de Avalos firmó varios documentos, un recibo en blanco, por lo que le dieron G. 50 millones.
Por su parte, Nancy Beatriz Medina firmó un recibo en blanco y recibió G. 48 millones para levantar el embargo.
La demandante Felisa Martínez no pudo ser contactada por el Ministerio Público porque reside en Buenos Aires.
Los abogados que gestionaron el levantamiento del embargo por US$ 900.000 se habrían quedado con gran parte de este dinero, ya que solo pagaron a las demandantes G. 178 millones. La firma Pety entregó los US$ 1.088.000 por la compra del terreno.
