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Editorial

La Corte ayuda a proteger la corrupción en Itaipú y Yacyretá

El 25 de noviembre de 1997, hace casi 10 años, el Congreso sancionó la Ley 1161, con el fin de romper el “muro de impunidad” que construyeron los funcionarios corruptos alrededor de las binacionales Itaipú y Yacyretá, y permitir que las autoridades nacionales competentes como el Poder Legislativo y la Contraloría General de la República puedan tener acceso a todos los documentos e informaciones vinculados con el manejo administrativo de los entes binacionales, a través de la ANDE. La citada ley, sin embargo, nunca pudo entrar en vigencia debido a la complicidad entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, que, actuando en conjunto, vienen atrasando su puesta en vigor. La vergonzosa actitud de la Corte de “cajonear el expediente” favorece a la Argentina y al Brasil.

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