Los proyectos de contrato colectivo de trabajo que ahora los sindicatos de los ministerios de Hacienda y de Agricultura y Ganadería (seguro que casi el total de sus miembros pertenece al Partido Colorado) quieren imponer bajo la amenaza de huelga no son más que un grosero intento de defender y ampliar privilegios a costa de los contribuyentes y de comprometer la gestión del próximo gobierno. Si la pretensión es inaceptable, tanto desde el punto de vista de la ley como desde el de la moral, también lo es según el prisma económico, pues las consecuencias de su difusión en el sector público, si fuera aceptada, serían el déficit fiscal y la inflación.
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