El Paraguay tiene fama de corrupto. Aquí hay mucha gente honesta, pero –desde luego– el caso es que a un país se le juzga más bien por el ejercicio de la función pública de los gobernantes, de las autoridades. La ciudadanía tiene alguna responsabilidad en este infortunio en la medida en que ha venido tolerando que los cargos públicos sirvan para enriquecer a sus ocupantes. El 20 de abril, los electores estimaron que la corrupción ya era excesiva y votaron por un ex obispo, confiando en que tal condición podría garantizar una gestión honesta. Fernando Lugo responderá a esa confianza solo si designa a personas intachables para ocupar los más altos cargos de la administración pública. Los paraguayos acabamos de dar un primer paso para restaurar la integridad moral de la Nación.
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