En razón del sistema de designación de ministros de la Corte Suprema que estableció la Constitución de 1992, en el que el Senado es quien debe efectuar tales nombramientos, el cuoteo político se convirtió en un mecanismo inevitable. El Poder Judicial quedó supeditado a la política, como de hecho ha venido ocurriendo cada día con mayor intensidad. La solución lógica sería la de reformar la Constitución, pero en el presente no se dan todavía las condiciones indispensables para poder reunir una Constituyente que ofrezca garantía de recto juicio y proceder. En consecuencia, solo queda la esperanza de que tanto el Congreso como los partidos políticos busquen mejorarse a sí mismos y asuman un decidido afán de servir honesta e inteligentemente a la Nación.
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