Un Estado democrático no puede abdicar de su obligación de hacer cumplir la ley, aun con el uso de la fuerza si es necesario, siempre que esta sea proporcional y legítima. Sin embargo, solo con represión, el conflicto en el sector rural paraguayo no acabará nunca, y lo más probable es que se agrave hasta tornarse insostenible. De hecho, es justamente eso lo que buscan los agitadores, los violentos y los pescadores de río revuelto, a quienes no les convienen en absoluto la pacificación del campo ni el bienestar de los campesinos. El punto de partida para empezar a cambiar la situación actual es la formalización de la economía rural, comenzando por la regularización de los derechos de propiedad de los campesinos.
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