El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, elegido en comicios regulares, fue desalojado del poder por una concertación de civiles y militares. Su mandato poseía la legalidad suficiente, y si lo querían destituir, los congresistas hondureños han de tener también los resortes constitucionales en sus manos, pero prefirieron una vía más expeditiva, aunque mucho más lesiva de su propia democracia, y dando un pésimo ejemplo al resto de Latinoamérica. No obstante, un análisis de lo ocurrido indica que Zelaya y sus partidarios intentaron someter a consulta popular una reforma constitucional que introduzca la reelección, pese a que la Corte Suprema declaró ilegal dicha consulta, y dada la pertinacia del presidente, se abrió camino para un golpe contra él.
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