A 43 asciende la cifra oficial de personas fallecidas durante los festejos del Año Nuevo en el país, superior al número de víctimas computadas en el 2005, con un total de 36 casos. Los accidentes significaron el mayor número en la tabla de causas de muertes, seguidos de los asesinatos. Así señala el reporte oficial divulgado ayer por la Policía.
Un motociclista falleció ayer a la mañana luego de ser atropellado y arrastrado unos cinco metros por un camión de carga, que aparentemente intentó pasar el semáforo en luz amarilla cuando el biciclo ya había parado la marcha. El conductor que protagonizó el percance llamó al Sistema 911 y comunicó el hecho, para luego entregarse en la comisaría local.
Dos hermanas se ahogaron el domingo a la tarde en las aguas del río Paraguay, a la altura del puerto privado Terport, situado en el barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio. El cuerpo de una de las víctimas fue hallado horas después del hecho, en tanto que la otra fue rescatada recién ayer a la mañana por pescadores en zona de Villeta.
Los esposos Victorino Fuertes y María Pedrazzini han asegurado que no buscan estafar a la binacional Yacyretá y que solo reclaman una indemnización justa por la inundación de la isla Talavera, de la cual afirman que son propietarios. El juez en lo civil Hugo Morán había rechazado la pretensión del matrimonio, que apeló la sentencia del magistrado.
El abogado Santiago Bolla señaló que, detrás de la sentencia del juez Hugo Morán, que rechazó la demanda de los Fuertes, está el Poder Ejecutivo. "El Poder Judicial está hecho a la medida del Ejecutivo. Para nosotros, el magistrado se dejó influenciar y no consideró las numerosas pruebas que presentamos en el expediente", añadió el letrado que asesora al matrimonio.
Adoptar un manual de procedimiento común para el control del cumplimiento de las penas impuestas a procesados fue una de las recomendaciones de un informe de auditoría practicada en los juzgados de ejecución 1 y 2 a cargo de los magistrados Ana María Llanes y Carlos Escobar, respectivamente.
La Corte Suprema de Justicia ha abierto el camino para apartar al camarista Arnulfo Arias de la causa en la que sigue procesado por extorsión el senador Amado Yambay.
La fiscala Rocío Vallejo confía en que los ex directivos de Multibanco acusados por el Ministerio Público serán condenados por la defraudación de unos US$ 15 millones que cometieron en perjuicio del Instituto de Previsión Social (IPS). En este sentido, afrontarán la audiencia pública Pedro Daniel Miraglio y Enrique von Eckarsberg, el 9 de este mes. Según la fiscalía, se exponen a una condena de hasta 15 años de prisión, debido al concurso de hechos punibles que suman más de 30.
Unos 670 funcionarios del Ministerio Público que se encuentran dentro del rango de los contratados no trabajarán durante enero y recién en febrero se estudiará la situación de ellos, en lo que se refiere a la renovación de sus respectivos contratos.
La Fiscalía comunicó ayer la detención del ex presidente del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), Sindulfo Ramírez Reichert, al juzgado de Liquidación y Sentencia a cargo de Dionisio Nicolás Frutos. La medida servirá para impedir que el ex bancario sea beneficiado con libertad bajo fianza en otro proceso que soporta, en perjuicio de la condena de 10 años de cárcel que soporta por el vaciamiento del ente bancario obrero.
El comisario Lucilo Benítez, alias Kururu Pire, apeló la resolución por la cual la jueza de ejecución de sentencia Ana María Llanes rechazó, en diciembre pasado, su solicitud de libertad condicional. El policía retirado, que soporta varias condenas por violación de los derechos humanos de presos políticos durante la dictadura, sostiene ante el Tribunal de Apelación que es un "chivo expiatorio".
La confusión reinó ayer en el área penal en el primer día de feria judicial, por la falta de especificación de los juzgados que quedarían a cargo de los jueces de feria. En algunos casos, los escritos "rebotaban" porque los jueces de feria no accedieron a realizar su tramitación hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no dicte la aclaratoria correspondiente. En lo demás, la jornada transcurrió con escaso movimiento.
CIUDAD DEL ESTE (de nuestra redacción regional). En plena feria judicial, oportunidad en que se registran varias irregularidades en el manejo de expedientes, se realizó la audiencia de revisión de medidas de Hilarión Osorio González, funcionario aduanero procesado por la apropiación de más de siete mil millones de guaraníes, por el fiscal Horacio Bisso.
El prófugo coronel uruguayo Manuel Cordero, buscado por la justicia de su país y de la Argentina, abandonó su refugio en Brasil y viajó a Paraguay, según una versión periodística difundida hoy en Montevideo, dice un cable de la agencia ANSA.
Jorge Luis Bernis, abogado de 103 funcionarios del Instituto de Previsión Social afectados por la regulación millonaria de honorarios que dispuso el juez Miguel Angel Rodas, accionó para que se dé lugar a la etapa preparatoria para que pueda demostrar que todo el proceso fue un "fiasco jurídico", al decir del letrado. Bernis indicó que el proceso que reguló en más de G. 2.608 millones y G. 260.800.000 en concepto de IVA, está viciado de nulidad.
Un empleado de una financiera que denunció haber sido asaltado fue sometido a castigos físicos tras ser acusado de haber montado un autogolpe. Su concubina, inclusive, fue despojada de un terreno y obligada a firmar un pagaré como compensación por el dinero que se sustrajo.
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