A 63 días de las elecciones presidenciales Fernando Lugo, candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, encabeza la intención de voto a presidente de la República, de acuerdo con los resultados de una encuesta a nivel nacional realizada a pedido de nuestro diario por la consultora First Análisis y Estudios. El sondeo revela que Lugo tiene el 31,2 por ciento de intención de voto; Lino Oviedo, candidato de Unace, el 25,3 por ciento, y Blanca Ovelar, candidata del Partido Colorado, el 24,3 por ciento. Esto da un empate técnico entre ambos postulantes. Muy relegado queda Pedro Fadul, candidato de Patria Querida, que tiene el 3,5 por ciento de la intención de voto. El índice de indecisos, como es normal cuando faltan dos meses para las elecciones, es alto y se ubica en el 11,1 por ciento.
Juan Manuel Morales, ministro del TSJE, sancionó con multa al Dr. Alejando Herrera Duarte, miembro del Tribunal Electoral de la Capital 2ª Sala, aplicando ilegalmente un artículo de la Ley de la Función Pública que no rige para magistrados del Poder Judicial. La medida no sería más que una represalia por el voto en disidencia de Herrera en el caso Gobernación de Cordillera y en la impugnación del vicepresidente Francisco Oviedo Brítez.
El TSJE, a través de una resolución firmada por su presidente Rafael Dendia y vicepresidente Juan M. Morales y el voto en disidencia de Alberto Ramírez Zambonini, destituyó de la Dirección de Compilación al Dr. Gustavo Laterza Rivarola, alegando que es un cargo “de confianza”. Ramírez Zambonini destacó la labor de Laterza.
El oficialismo colorado está haciendo montajes, como el supuesto envenenamiento, para atacar la figura de Lugo, dijo ayer Sixto Pereira, candidato al Senado. Reveló que también habrían querido manipular a detenidos para involucrar al ex obispo en secuestros.
Camilo Soares, secretario general del P-MAS, consideró “absolutamente dudoso” el supuesto envenenamiento de Duarte Frutos justo en este momento. Indicó que el problema central es el riesgo de la población de enfermarse de fiebre amarilla, sin que el gobierno tenga algún plan concreto. Destacó el hecho que Nicanor declare conocer la jerga mafiosa, porque es la que maneja en su rosca, como capomafioso.
“Que deje de decir pavadas ese inútil jefe de campaña de Blanca Ovelar al insinuar que los oviedistas queremos que se muera Nicanor”, dijo ayer Wladimiro Woroniecki, en alusión al ex ministro Rogelio Benítez, quien dejó entrever que oviedistas y luguistas fueron los responsables de introducir el agua con ácido muriático en el despacho de Duarte Frutos.
Nicanor acusa a Fernando Lugo de ser, no solamente protector, sino formador de secuestradores y criminales. Responsabiliza a Lino Oviedo de la muerte de jóvenes en la plaza. “Ndaipóri chovy (liberal), pa’ikue, ni militarkue ñane gana va’erã”, dice. A la prensa califica de “perrito faldero de opositores”.
SAN ESTANISLAO (Sergio Escobar Rober, corresponsal). Luis Castiglioni, líder de Vanguardia Colorada, ratificó que no votará por la candidatura presidencial de Blanca Ovelar en las elecciones del 20 de abril próximo, durante una reunión realizada en esta localidad con dirigentes de su movimiento de San Pedro.
“Umi jagua’i estánciaicha, (perritos de estancia) podemos pelearnos entre nosotros los colorados, pero cuando aparece en nuestra tranquera un perro extraño, nos unimos para correrle. Umía hína la jagua extranjero”. Así dijo ayer en su discurso en Capiatá, el candidato a la Gobernación de Central José María Ibáñez, quien reconoció que el Partido Colorado está ante un gran desafío.
Dirigentes de Vanguardia Colorada, de la corriente lista 4 B, resolvieron ayer, en una plenaria en Fernando de la Mora, no trabajar ni votar por “la candidata del fraude Blanca Ovelar” y el candidato oficialista a la Gobernación de Central José María Ibáñez, acusado de “traficante de semillas” por uno de los dirigentes que participó de la reunión.
El analista político José Luis Simón advirtió que la situación política va directo a un ambiente de violencia y recordó que en diciembre del año pasado ya había advertido que faltaba poco para los autoatentados o crímenes políticos que justifiquen maniobras antidemocráticas.
Uno de los caballitos de batalla de Duarte Frutos en el 2003 fue su gestión como ministro de Educación. Se ufanaba que como tal triunfó y que en el gobierno sería incluso mejor. Lo mismo hace Blanca hoy. La reforma que ambos sostuvieron es un fracaso.
Auda Roig de Reichart, directora de Gabinete del Congreso Nacional, aclaró que no es candidata a Parlasur por el Partido Democrático Popular, como se publicó en algunos medios. La misma mencionó que fue invitada por ese partido pero no aceptó la postulación.
El gobierno no transfiere el subsidio electoral a la Alianza Socialista (AP). Son G. 80 millones por concejalías ganadas en distritos de San Pedro. Para los partidos tradicionales no es nada, “pero para nosotros es una suma importante”, señala Belarmino Balbuena, candidato a senador por esta alianza. La AP lanza en Caaguazú, el martes, la candidatura de Maggy Balbuena, a diputada.
Fernando Lugo y Federico Franco se reunieron ayer con dirigentes y adherentes de la Alianza Patriótica para el Cambio de Cerrito, Laureles, Villalbín, Mayor Martínez y Pilar, de Ñeembucú.
Un presupuesto que responda a las necesidades de la gente, que no la condene a la muerte cada rato, prometió ayer el senador Miguel Carrizosa, dentro de la campaña presidencial de Patria Querida.
El Partido Comunista Paraguayo cumple este martes 80 años. Sobrevivió a la persecución de gobiernos liberales y a la represión stronista que asesinó a muchos y encarceló a otros tantos. Los sobrevivientes siguen en la lucha y todavía piensan en el futuro.
El juicio de usucapión requiere pruebas de posesión de un inmueble; si Rosalva Trinidad nunca demostró derechos, ¿por qué fue beneficiada con 23.000 hectáreas de tierra en Alto Paraguay? Hay sospecha de soborno a los jueces.
La Contraloría denunció ante la Fiscalía que el Ministerio de Salud Pública ha sufrido un perjuicio económico de unos G. 2.700 millones en concepto de falta de cobro de multas a empresas por atraso en la entrega de fármacos e insumos médicos. El supuesto hecho punible había ocurrido durante la gestión del doctor Julio César Velázquez Tillería.
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