Fiscalía allanó estancias y corroboró ganado y marcas de Miguel Cuevas

Dos estancias del titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (Añetete), fueron allanadas ayer por el Ministerio Público. El parlamentario es investigado por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y otros delitos.

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SAPUCÁI, Dpto. de Paraguarí (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La fiscala Irma Llano, en cumplimiento a la orden judicial dictada por la jueza Lici Teresita Sánchez, allanó ayer dos establecimientos ganaderos, uno de ellos del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, en la compañía Yarigua’ami, y otra el de su hijo Raúl Adilson Cuevas Florentín, ubicada en la compañía Cerro Rokê. 

El establecimiento de Cerro Rokê posee 17 hectáreas, mientras que el de la compañía Yarigua’ami tiene 180 hectáreas, ya que está en tres fincas. 

La fiscala Llano verificó los inmuebles, los animales y sus marcas, en compañía de funcionarios de Senacsa. No se realizaron las tasaciones de los bienes en esta oportunidad, aclaró la agente. Asimismo, no se pudieron contabilizar los animales porque estaban dispersos en las propiedades, pero Senacsa envió previamente los datos de los animales y la marca, aclaró la agente.

En el procedimiento también se buscaron documentaciones sobre los movimientos administrativos. 

De acuerdo a su declaración jurada ante la Contraloría General, el titular de Diputados posee 8 inmuebles a su nombre y unas 400 cabezas de ganado vacuno, mientras que su hijo Raúl Edilson tiene 6 fincas y unos 200 animales. 

El Ministerio Público investiga posible enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros hechos punibles como posible declaración jurada falsa en lo que respecta al patrimonio del legislador, ya que según los datos tuvo un evidente crecimiento económico en los últimos años, que no podría justiciar.

Asimismo, Cuevas también es investigado por la denuncia del concejal Ezequiel Cáceres (PDP) por supuesto faltante de G. 1.200 millones en concepto de combustible para máquinas agrícolas que estaban en desuso. Esto habría ocurrido durante la administración del legislador en la Gobernación de Paraguarí, entre los años 2013-2017. Es por esto que la investigación fiscal también abarca el hecho punible de lesión de confianza.

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